OIM – MITOS SOBRE LAS MIGRACIONES “Las mujeres migrantes vienen a Argentina a cobrar planes”

MITOS SOBRE LAS MIGRACIONES “Las mujeres migrantes vienen a Argentina a cobrar planes”

 

“Vienen por los planes”, dice un arraigado lugar común. Sin embargo, un análisis de los datos demuestra fácilmente que las mujeres migrantes representan un porcentaje mínimo de las beneficiarias de los programas de ayuda social. Aunque deberían acceder a ellos en iguales condiciones que las argentinas, diversas trabas legales se lo impiden. A continuación, la tercera nota del proyecto conjunto entre la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Dipló, que busca desmontar los principales mitos de las migraciones en Argentina.

 

 

Aunque la migración es una acción y un derecho que engloba a toda la humanidad, las mujeres han sido reconocidas tardíamente como sus protagonistas. Los varones siguen siendo el arquetipo de migrante representado en los medios de comunicación y en el discurso público, y durante mucho tiempo fueron también el objetivo principal de las políticas migratorias (1). Todo esto afecta el bienestar de las mujeres migrantes de manera sustancial.

Algunas cifras permiten visualizar rápidamente la importancia de las mujeres en el escenario de la movilidad humana. Ellas representan el 48,1% de los 281 millones de personas que migran a escala global y el 49,5% de los 14,8 millones en América Latina y el Caribe (2), donde la proporción de mujeres trabajadoras migrantes (2,5%) es similar a la de hombres (2,9%) (3). Estas cifras están en línea con la situación de Argentina, donde la presencia significativa y continua de mujeres migrantes se remonta a las migraciones de ultramar de fines del siglo XIX (4). En el censo de 2010 del INDEC las mujeres migrantes representaban el 54% del total, insertándose mayoritariamente en el servicio doméstico y de cuidados, un sector altamente desprotegido. Hacia 2019, esta rama de actividad representó la ocupación del 60% de las trabajadoras migrantes no registradas (5), la mayoría de las cuales provienen de Latinoamérica.

 

Si la pandemia tuvo efectos adversos para el conjunto de la sociedad, estos se hicieron sentir especialmente entre las mujeres migrantes, quienes sufrieron un aumento abrupto en la desocupación, que pasó del 38,90% en 2019 a al 54,90% en 2020 (6). Esto guarda estrecha relación con la rama de actividad en la que se emplean, ya que el trabajo en casas particulares difícilmente pudo adaptarse al teletrabajo y se vio poco afectado por las medidas de protección laboral dispuestas por el gobierno, resultando en al menos unas 104.600 mujeres migrantes trabajadoras en casas particulares menos.

Las remesas que las trabajadoras migrantes envían a sus lugares de origen para mejorar los medios de vida y la salud de sus familias y comunidades permiten dimensionar el protagonismo de las mujeres en los procesos de movilidad. Según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (7), a pesar de que perciban ingresos más bajos que los varones migrantes, las mujeres están más predispuestas a mandar dinero a casa, de manera más regular y por más tiempo.

Esto desmiente algunas percepciones extendidas. Como consecuencia del modelo dominante de “varón proveedor”-“mujer doméstica”, en la división sexual de la movilidad las mujeres migrantes fueron tradicionalmente vistas como acompañantes de sus esposos. Sin embargo, ellas han migrado de manera independiente a lo largo de la historia, y lo hacen cada vez más para trabajar y mantener a sus familias, que suelen permanecer en el país de origen. Estos procesos, conocidos como “feminización de las migraciones”, suponen múltiples desafíos que dificultan las condiciones de vida de las mujeres migrantes: desde las barreras administrativas y las condiciones laborales precarizadas al rol de de jefas de hogar con hijos a cargo y sin cónyuge, junto a la invisibilización del aporte que realizan las mujeres a las economías nacionales, diversos tipos de violencias, racismo y xenofobia.

A pocos días de haberse conmemorado el Día de las Mujeres Migrantes en Buenos Aires, establecido en recuerdo del crimen de Marcelina Meneses y su bebé (víctimas de un brutal ataque racista que terminó con su vida), las mujeres migrantes siguen enfrentando prejuicios y situaciones de discriminación que constituyen verdaderos factores de riesgo para el pleno goce de derechos y la preservación de la vida, como señala la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) (8).

Es por esto que la asociación lineal entre migración femenina y abuso de las prestaciones estatales contribuye a ocultar, entre otras cosas, los factores de exclusión que atraviesan las mujeres migrantes, la dificultad en el acceso a derechos –entre ellos a la seguridad social–, como así también las propias estrategias que despliegan estas mujeres para trasformar sus vidas de manera colectiva. A continuación vamos a desmontar este mito.

 

Derecho a la protección social

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 33,7% de la población de la región vive en la pobreza (lo que corresponde a 209 millones de personas), mientras que el 12,5% vive en la pobreza extrema (78 millones de personas) (9). Esto hace de América Latina la región más desigual del mundo y confirma la necesidad de desarrollar agendas políticas orientadas a la integración social. En el caso de Argentina, fue, según datos de 2019, el segundo país latinoamericano que destinó más fondos para políticas de protección social (10,8% del PBI) (10).

En este contexto adverso, existe una necesidad real de acceder a programas de asistencia social así como un escenario imaginado de aprovechamiento de los mismos por parte de las personas migrantes. Sin embargo, dos hechos demuestran lo contrario: por un lado, el derecho a la protección social de los migrantes consagrado en la Ley Nacional de Migraciones; por otro, las estadísticas que muestran el bajo acceso de los migrantes a las políticas de protección social.

En un artículo anterior mencionamos que la Ley Nacional de Migraciones –en conformidad con la Constitución Nacional e instrumentos internacionales que establecen la no discriminación– prevé el acceso igualitario a una serie de derechos como la salud, los servicios sociales y la seguridad social para la población migrante, en las mismas condiciones que gozan los nacionales (11). Sin embargo, los requisitos de accesibilidad resultan bastante excluyentes con las personas migrantes, sus hijas e hijos. La cantidad de años de residencia regular exigida limita la recepción de ayudas, variando de 2 a 3 años de residencia para los programas nacionales o provinciales, a períodos que van de los 15 a los 40 años para las pensiones no contributivas (12). En suma: sólo 3 de cada 10 migrantes en Argentina recibe algún tipo de ayuda social, la cual además no siempre proviene del Estado (13).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los casos paradigmáticos. La AUH integra el sistema de la seguridad social y equivale a este derecho, al buscar cubrir las necesidades básicas de aquellos niños, niñas y adolescentes que pertenecen a grupos familiares en condición de vulnerabilidad. Para que la población migrante acceda a esta prestación monetaria mensual es necesario que la persona beneficiaria sea hijo de argentino. Si es hijo de una persona nacida en otro país, debe tener residencia regular en Argentina durante al menos 2 años, exigida tanto al niño como a quien cobra el beneficio: la madre, prioritariamente, el padre o tutores. Además, debe acreditar la identidad del adulto y del menor mediante DNI.

De este modo, un pilar de la política social como la AUH muestra, al analizarla en relación a la población migrante (14), este sesgo, que pone en cuestión la universalidad del derecho a la protección social que ella misma propone y que la Ley de Migraciones refuerza. Muchas personas migrantes no llegan a los dos años de residencia regular exigida y quedan por fuera del beneficio, es decir, excluidas de su derecho. Las estadísticas son reveladoras: en 2019, sólo el 1,36% de las personas migrantes (53.557) pudo cobrar la AUH; el 98,64% restante eran argentinas (3.884.443 personas) (15).

El análisis de otros programas del Estado nacional también desmiente el argumento de que las mujeres migrantes “vienen a Argentina a cobrar planes”. Por ejemplo, la Asignación por Embarazo exige una residencia regular mínima de 3 años y DNI, con resultados similares a la AUH en cuanto a la accesibilidad de la población migrante. Por su parte, el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (ex Hacemos Futuro y Salario Social Complementario) incluye a personas nacidas en otro país con residencia permanente o temporaria en Argentina (sin especificar cantidad mínima de años): las cifras disponibles para Hacemos Futuro indican que hacia mediados de 2019 sólo el 7,1% de los beneficiarios había nacido en otro país (16.810), mientras que el 92,9% restante eran argentinos (219.957 personas) (16).

Una de las prestaciones más significativa de 2020 fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), otorgado de manera excepcional por la ANSES para compensar la pérdida de ingresos de los sectores más rezagados durante el aislamiento obligatorio por la pandemia. Nuevamente, para acceder al subsidio la persona debía acreditar, entre otras cosas, una residencia regular en el país de al menos 2 años. Aunque más de la mitad de los migrantes perdió su fuente de ingresos, sólo el 18% de las personas accedió al IFE. Una de las mayores trabas fue el tiempo de residencia regular exigido por el programa (17).

No toda la ayuda viene del Estado. Los colectivos migrantes cuentan con estrategias variadas de ayuda social que contribuyen a mejorar su realidad, en particular la de las mujeres. Desde las propias redes de solidaridad migrante y sus asociaciones de ayuda mutua, pasando por organizaciones sociales y comunitarias, ollas populares y merenderos, hasta organizaciones eclesiásticas e internacionales.

 

Dar lo mejor

En el Área Metropolitana de Buenos Aires habitan la mayor cantidad de personas migrantes de Argentina. Allí se encuentra la cuenca baja del Río Reconquista, una de las zonas más rezagadas del país, con gran densidad poblacional. Los asentamientos comprendidos en esta zona albergan a unas 60 mil mujeres, muchas de las cuales son trabajadoras migrantes. Con la irrupción de la pandemia, sus redes de cuidados comunitarios cobraron una importancia fundamental. A los comedores existentes se sumaron nuevos, surgidos en los hogares de algunas de las migrantes, para dar respuesta a la necesidad de alimentación, que aumentó exponencialmente por el cese total de ingresos en muchas familias. Si bien los comedores y ollas populares ya recibían mercadería del Estado nacional y municipal, los nuevos espacios se nutrieron de donaciones de particulares (18).

Floriana Zánchez, una migrante de Paraguay que vive hace 11 años en el Área Reconquista, es una de quienes abrió su cocina para dar de comer a las familias del barrio. Los tablones que hacen de mesada reciben todo tipo de recipientes que jóvenes, adultos, niños y niñas traen vacíos y se llevan llenos. En un video del proyecto “Migrantas en Reconquista”, Floriana cuenta que “los hombres trabajaban generalmente de albañil, ahora no hay nada. Y las mujeres de empleadas domésticas, que no pueden salir a trabajar tampoco. Conozco casi a la mayoría de mis vecinos y hasta te puedo decir a veces qué comen, qué no comen. Para que yo pueda asegurar mi comida y asegurársela a los demás, me propuse cocinar, así empezó. Trato de hacer lo mejor, de dar lo mejor a la gente, como a mí me gustaría que me den” (19).

 

Fuente: Boletín de Información OIM América del Sur, y «eldiplo»

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