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Vence la ley de emergencia territorial y peligran los bienes comunes
«Lo que necesitamos es que la sociedad también acompañe, porque si falta el agua, el agua va a faltar para todos.» Néstor Jeréz, Pueblo Ocloya, OPINOA.
Buenos Aires:
Un acampe de referentes indígenas de comunidades del norte del país y múltiples organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, se lleva adelante frente al Congreso desde hace tres semanas. Hay «2000 comunidades indígenas preexistentes en la Argentina que quedan sujetas a la decisión de la cámara de diputados», nos dice Néstor Jeréz. «Es importante leer la ley y comprender que protege a las comunidades con y sin personería jurídica porque habla de la preexistencia.»
Desde este momento el acampe se ha declarado en alerta, movilización y asamblea permanente. La información se irá modificando en el minuto a minuto, dado que quedan contadas horas para el vencimiento de la ley de emergencia territorial.
«Desde las organizaciones de Pueblos indígenas de la Región NOA, OPINOA, que acampamos frente al Congreso hace tres semanas, reafirmamos nuestro pedido de urgente sesión de la Cámara de Diputados antes del 23 de noviembre, para tratar y aprobar la Prórroga de la Ley 26160, entendiendo que nosotros hemos caminado las puertas de cada uno de los diputados y también en el territorio y el número de quórum da, da también el número de diputados que están acompañando y adhiriendo a la prórroga de ley 26160. solamente falta la voluntad política del presidente de la cámara de diputados y de los presidentes de los bloques partidarios. Hacemos ese llamado a que tomen conciencia y convoquen a sesión de la cámara de diputados antes del 23 de noviembre para que se trate, porque corresponde al Congreso de la Nación. Este decreto es muy peligroso, como lo están sacando, le están dejando servido al poder, a la derecha, a las multinacionales a q avancen sobre nuestros territorios, y los bienes naturales, para continuar con el saqueo y la destrucción a la madre tierra, porque lo están sacando antes de tiempo cuando no se han agotado las instancias en el Congreso de la Nación, en este seguido, como nosotros lo entendemos, en peso, no es lo mismo un decreto que una ley. Exigimos que se trata la Prórroga de la Ley 26160 antes del 23 de noviembre, corresponde al Congreso de la Nación.» Esto comunica uno de los audios que ha puesto OPINOA.
Para el 23 de noviembre los pueblos originarios junto con las organizaciones que apoyan han acordado ya, una movilización inamovible, de acuerdo a los resultados en relación con la prórroga se le dará el contenido.
Son muchas las comunidades e indígenas urbanos que se manifiestan por estos días en toda Argentina para que se apruebe la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial 26160. Es cierto que peligran muchos territorios en todo el país.
Chaco:
Ana Leiva, reconocida artesana qom, camina por los límites del campo que siempre habitó su familia, y no puede creer que donde desde su niñez hubo árboles y vegetación que los Leiva conservaron desde generaciones ancestrales, hoy el grupo racista Fuerza criolla, que hace unos meses atrás atacó físicamente a ella y a su hermana, levanten casas de ladrillos, y tendido eléctrico, violando la propiedad comunitaria y ancestral, con connivencia del intendente de Miraflores y del gobernador Capitanich, aun cuando la jueza del Juzgado en lo civil y comercial de Juan José Castelli prohibió a los criollos innovar y le aplicó una multa al gobierno provincial por cada día de atraso en la entrega de los papeles de Propiedad Comunitaria a la familia Leiva, probada habitante ancestral de las 300 hectáreas sobre las que hoy avanzan con violencia personas ajenas al territorio. Ana llora, no encuentra palabras en castellano para transmitir lo que le están haciendo. Es cosa de locos, le están usurpando su casa. La pelea jurídica que ha dado su abogada Carolina Aquino, contra el estado chaqueño, es inmensa e histórica, ha logrado reunirse con el gobernador y distintos ministros por última vez en diciembre de 2020, aun así, no hay mesa de diálogo que haya respetado el ejecutivo. La primera acción de amparo que se promueve en el lote 88, parte del hogar y territorio de los Leiva fue promovida en 2012. Los qom llevan esperando casi 20 años una reparación, y lejos de mejorar, la cosa empeoró porque los criollos en connivencia con el ejecutivo municipal y provincial avanzaron con las modificaciones sobre el territorio en pandemia.
Salta:
Salvador Mazza está a 50 kilómetros del límite con Bolivia. Desde ayer se encuentran acampando a un costado de la Ruta 34, miembros de siete comunidades indígenas (guaraní, chané y colla): todos tienen personería jurídica y relevamiento, pero no así las carpetas técnicas. El año pasado han sufrido amenaza de desalojo al menos tres de estas comunidades. Los terratenientes de la mano de los políticos de turno son siempre los responsables de estos atropellos que viven los hermanos. El municipio de Salvador Mazza está ahora intervenido. El aviso de desalojo les llegó por parte del ex intendente. «Los que somos pobres peleamos con los papeles lo que es justo pero los que son ricos no…», dice Lucía Ibañez, mburuvichá de la Comunidad Guaraní Tuicha Kuña Ikavi, en su comunidad hay cerca 80 familias. Las otras comunidades presentes son: Milagro guaraní, cuya mburuvichá es Mariela Salgado; Iporá Sauzal, de la cual es mburuvichá Margarita Miranda; la Comunidad colla churqui pampa, cuya autoridad es Cristóbal Leaño; La mburuvichá Claudia Barrios pertenece a la comunidad Lucero del Alba; Miguel Humberto es cacique de la Comunidad Chané Iquira, y Alejandra Salas pertenece a la Comunidad Lapacho. Milagro Guaraní y el resto de las comunidades tienen todas entre 25, 30 y 35 familias cada una. Centran su reclamo actual en la cuestión territorial y en que se haga efectiva la titularización de la propiedad comunitaria, porque «sin tierra no somos nada». Otros miembros de estas comunidades han viajado al acampe en Buenos Aires, y algunos de los que se encuentran hoy en Salvador Mazza, también esperan viajar antes del 23 de noviembre porque creen que es importante acompañar la prórroga frente al Congreso.
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En la desterritorialización de las comunidades indígenas inciden muchos elementos, no uno solo, y participan muchos intereses también, públicos y privados, religiosos y políticos, en torno a los recursos naturales. El derecho es una de las herramientas por medio de las cuales la defensa territorial puede llevarse a cabo, y así también, si bien considera elementos plurinacionales y diversos, si está escrito forma parte de la tradición del derecho occidental, que defiende en primer término las acciones de los estados nación y las prioriza, no las de las naciones sin estado, situación en la que se encuentra la gran mayoría de los pueblos originarios a lo largo del mundo, con escasas excepciones como las de algunas islas, o el Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos referentes indígenas, y aliados de los pueblos preexistentes entre personas de la sociedad civil, iglesias y Ong´s fueron encontrando a lo largo de muchas décadas recovecos legales que primero les permitieron defender a las comunidades en la arena jurídica en los términos en los que los estados usurpadores mismos lo planteaban, y posteriormente, esbozar aspectos que se podían modificar en el plano legal, a nivel local y global, para ir, de a poco a lo que se llama pluralismo jurídico, que en algunos países se implementa más efectivamente -aunque siempre con los contratiempos que conlleva a los ciudadanos indígenas y a sus comunidades, organizaciones y representantes, intentar el diálogo con los estados cuya constitución es desde el inicio de tinte racista y por lo mismo extractivista-, y en otros todavía se está en camino hacia la sensibilización del conjunto de la población y de los organismos e instituciones oficiales.
Ese es el camino, de sensiblilización del resto de la sociedad no indígena en el que está hoy Argentina. En ese punto nos encuentra este nuevo vencimiento de prórroga de la Ley de Emergencia Territorial 26160, cuatro años después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado a manos de gendarmería nacional en una comunidad mapuche que estaba precisamente defendiendo su derecho al territorio, cuatro años después del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en otra comunidad que se encontraba defendiendo sus derechos, cuatro años después también de que en los meses previos al vencimiento de prórroga anterior se dieran muchos desalojos y vejaciones que dieron por resultado una triste oleada de referentes indígenas de sur a norte del país que pusieron por primera vez en agenda en Argentina la problemática de los presos políticos originarios, y evidenciaron así, como nunca antes, la persecusión y el ensañamiento del estado argentino hacia las comunidades, sus referentes y cualquier forma de organización indígena por la defensa de los territorios ancestrales.
Con frecuencia un problema social no forma parte de la agenda hasta que no sea muy grave. Además, cierta idiosincrasia occidental en la que crecimos las generaciones de más de 30 años en esta parte del planeta, que es a su vez, de alguna manera «el sentido común» de muchas de las prácticas de los estados nacionales usurpadores y de las iglesias, ha tenido desde siempre una tendencia al menosprecio de algunas de las consignas del movimiento indígena, como aquella por la cual consideramos al fuego, al agua, y a los árboles, parientes, y por ello mismo los protegemos, o como esa otra que plantea que los pueblos originarios somos autónomos. Son esos mismos planteos los que hoy ya no se discuten, sino que, tras largas décadas, hemos logrado que aparezcan en el centro del debate.
¿Qué camino resta entonces? Es el de la batalla más concreta, en todos los frentes: filosófico, educativo, ambiental, político, territorial, que resuma que ninguna de nuestras culturas se puede concebir fuera del territorio, porque fuera del territorio no hay vida, como pudimos comprobar durante lo que va de la pandemia 2020-2021. Y territorio, es TODO, mas esta interpretación, no está reñida con ningún habitante, porque el hecho de que se entienda el territorio como la totalidad se corresponde con una consideración filosófico política que prioriza lo comunitario, la conservación de todas las especies y la sustentabilidad.
