Los efectos de la pandemia de covid y los altos precios de la energía han repercutido en el consumo de combustibles contaminantes en América Latina y el Caribe, lo que acentúa la pobreza energética en la región.

De hecho, en algunos países hay indicios de aumento de quema de carbón y leña, parte de los cuales ya se recogen en algunas investigaciones y parte aún no, por lo reciente de ese incremento y por la tardía atención a los comportamientos de sectores vulnerables como respuesta ante nuevas realidades que afrontan.

Para Macarena San Martín, investigadora de la no gubernamental Red de Pobreza Energética, el fenómeno rebasa la noción de acceso al servicio eléctrico, para considerar aspectos como la calidad y asequibilidad de la energía.

“En todos los países de América Latina, el problema está considerado unidimensional, pero hay que incorporar múltiples factores. El acceso se ha visto con que uno pueda enchufar algo y ya está resuelto. Si bien hoy tienen acceso, eso no necesariamente garantiza que la pobreza no esté presente. Hay también problemas de eficiencia”, dijo a IPS desde Santiago de Chile.

En el centro de Chile, la población consume parafina, un derivado de los hidrocarburos, y gas para uso doméstico y acondicionamiento térmico.

A causa de la pandemia, desde mayo rige la Ley de Servicios Básicos, mediante la cual usuarios vulnerables de electricidad y gas pueden diferir los pagos por esos fluidos, sin riesgo de corte. Pero ese beneficio expira el 31 de diciembre, por lo cual los beneficiarios tendrían que empezar los pagos en febrero próximo, hasta un máximo de 48 cuotas mensuales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) establece que un hogar padece pobreza energética cuando carece de acceso equitativo a servicios energéticos adecuados, confiables, no contaminantes y seguros para cubrir sus necesidades básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros, y destina más de 10 por ciento de sus ingresos a costear energía.

Si bien la región registra un acceso a electricidad superior a 90 por ciento, zonas rurales y periferias urbanas presentan otra realidad y en algunos casos, la falta del servicio rebasa 10 por ciento, como en Bolivia, Honduras, Haití y Nicaragua, según datos de septiembre de la Cepal.

FUENTE: «IPS Noticias»