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Las autoridades chilenas allanaron la sede del Congreso Nacional y otras dependencias públicas en el marco de una investigación que indaga presuntos actos de corrupción en la entidad estatal encargada de administrar becas y alimentación a estudiantes de todo el país. En el caso estarían involucrados parlamentarios de distintos partidos, y se estima un desvío de hasta 15 millones de dólares.
Según la Fiscalía, las diligencias están relacionadas con graves delitos de corrupción vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como con presuntas irregularidades en los procesos de licitación.
“La diligencia realizada es intrusiva y relevante para la investigación, que abarca delitos como fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros”, explicó la fiscal Constanza Encina a la prensa.
La operación, coordinada por la Fiscalía y la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se ejecutó simultáneamente en diversas oficinas públicas y privadas en la región Metropolitana —donde se encuentra la capital Santiago— y en Valparaíso, sede del Congreso. También se realizaron allanamientos en las ciudades del norte Iquique, Copiapó y La Serena, así como en Coyhaique, en el sur del país.
Durante los procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, y se autorizó la revisión, extracción y análisis de correos electrónicos.
Este operativo se enmarca en la investigación de eventuales irregularidades en la adjudicación de millonarias licitaciones destinadas a la alimentación de miles de estudiantes, administradas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entidad dependiente del Ministerio de Educación.
La fiscal Encina indicó que las presuntas irregularidades ocurrieron principalmente en los programas correspondientes a la región de O’Higgins, en la zona central de Chile, aunque se estima que la investigación revelará hechos similares en otras regiones.
“Obtuvimos todos los medios necesarios para avanzar”, sostuvo Encina, quien agregó que las pesquisas se mantienen en reserva y que el próximo paso es analizar el material incautado para determinar si se presenta una denuncia formal ante los tribunales.
Encina confirmó que entre los investigados hay parlamentarios, aunque no entregó más detalles para no entorpecer la indagatoria.
Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, David Castro, informó que participaron más de 80 policías a nivel nacional y que se logró la incautación de diversos dispositivos móviles y documentos de relevancia para la causa.
La investigación se originó tras una denuncia presentada en mayo por la propia Junaeb, cuando su director nacional, Fernando Peña, notificó al Ministerio Público sobre sospechas de “hechos graves” detectados en procesos de licitación que podrían involucrar fraude al fisco, prevaricación, negociaciones incompatibles y conflictos de interés.
“Somos los más interesados en que esto se aclare y que la investigación avance sin decaer”, afirmó Peña en una rueda de prensa tras conocer el operativo.
Una auditoría interna realizada por Junaeb reveló anomalías “gravísimas” que apuntan al pago de 14.000 millones de pesos (aproximadamente 15 millones de dólares) por raciones y alimentos que nunca llegaron a los estudiantes.
