El organismo internacional, que avaló en el pasado otros procesos electorales en Venezuela, advirtió que esta vez no se cumplieron con «los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas».
El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el domingo pasado, advirtió el martes que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como democrática».
Aunque el Centro Carter avaló los resultados en comicios celebrados en años anteriores en Venezuela y cuestionados en aquellas oportunidades por la oposición, advirtió que la situación esta vez es radicalmente distinta.
«El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela», manifestó el Centro Carter en un comunicado dado a conocer ayer.
La organización destacó que la CNE, que dio por ganador a Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no anunció los resultados desglosados por mesa, lo que «constituye una grave violación de los principios electorales».
Explicó además que el proceso electoral «no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional».
De acuerdo al Centro Carter, las elecciones se desarrollaron «en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación» y durante del proceso, las autoridades del CNE «mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».
Agregó además que, la actualización del registro de electores «se realizó con numerosos inconvenientes», como «plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas».
El problema -sigue el Centro Carter- «se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero».
Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos «tampoco se adecuó a estándares internacionales» y, en años recientes, las formaciones opositoras «han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas».
La organización también recordó también, «de manera aún más importante», que la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición «se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos».
El Centro Carter destacó que la campaña electoral se desarrolló «con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor».